Hace más de un año, el 29 de enero de 2018, 25 niñas, niños y jóvenes entre los 7 y 26 años de distintas partes del país entablaron una acción de tutela para exigir la defensa de sus derechos a un ambiente sano, la vida, la salud, la alimentación y al agua, amenazados por la deforestación en la Amazonía y sus efectos en el calentamiento del país.
En la petición, los accionantes solicitaron a la Presidencia, los Ministerios de Ambiente y Agricultura, la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales, las Corporaciones autónomas regionales con competencia en la región y las Alcaldías y Gobernaciones de la Amazonía emprender acciones para frenar la destrucción de los bosques amazónicos.
Concretamente, pidieron que:
1) se le ordenara al Gobierno en sus distintos órdenes (Nacional, Departamental y Municipal) presentar un plan de acción para reducir a cero la tasa de deforestación en la Amazonía Colombiana para el año 2020, que fue el compromiso que el entonces presidente Juan Manuel Santos hizo en la Cumbre del Clima de París en 2015; y
2) se realizara un acuerdo intergeneracional para que los jóvenes sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones que lleven a ese fin.
Esta iniciativa se suma a las más de 800 acciones judiciales emprendidas en distintas partes del mundo para que los Estados tomen acciones frente al cambio climático y la contaminación ambiental. En EEUU, por ejemplo, los alcaldes de Nueva York y San Francisco demandaron a las empresas petroleras más contaminantes para que compensen los efectos en el cambio climático que ha generado dicha industria. Asimismo, en Eugene, Oregon, un grupo de jóvenes entre los 9 y 18 años presentaron una class action en contra de la política pública ambiental de ese país por permitir, de manera deliberada, la contaminación atmosférica. En Holanda, más de 900 ciudadanos le exigieron al Gobierno reducir las emisiones de carbono que actualmente emite dicha Nación. La Corte de Apelación de Holanda les dio la razón a los demandantes e instó al gobierno a “hacer más” en la lucha contra el calentamiento climático.
Actualmente, la Amazonía es la región del País en donde se está destruyendo de manera más acelerada los bosques. La tala de árboles, que en este contexto tiene una escala masiva, provoca la liberación de gases de efectos invernadero (como el dióxido de carbono), que son los principales causantes del cambio climático. El reporte que fue presentado por los accionantes en la tutela señala que en el 2016 la deforestación en el país había crecido 44% (para ese año Colombia perdió 178.597 hectáreas de bosque, lo que equivale a un departamento como Quindío), y, de esa cifra, casi el 40% estaba concentrado en la Amazonía.
La tutela presentada por los niños, niñas y jóvenes en Colombia sostuvo, además, que la protección de la Amazonía está íntimamente relacionada con la protección de los ecosistemas estratégicos y sensibles de otras partes del País.
Según distintos estudios ambientales y ecológicos, todos los ecosistemas están conectados. Las selvas húmedas de la Amazonía, por ejemplo, tienen una relación directa con el agua que consumen los más de ocho millones de personas que habitan Bogotá. Las lluvias que alimentan al páramo de Chingaza, principal fábrica de agua de la capital, se producen y viajan desde los bosques húmedos tropicales.
Esta situación se replica en los llanos orientales, las selvas del Chocó e, incluso, en la zona insular del País. En este último caso, es bien sabido que una de las amenazas del cambio climático es el aumento del nivel de los mares, lo cual afectaría a las personas que habitan en el archipiélago de San Andrés y Providencia y las zonas costeras.
Por razones como la expuesta, los accionantes concluyeron que “hay suficientes elementos fácticos y evidencia para sostener que, de mantenerse el ritmo de deforestación en la Amazonía Colombiana, es posible que ocurran desastres naturales asociados al cambio climáticos”, en distintas partes de Colombia.
• Sentencia que reconoce a la Amazonía como sujeto de derecho y estado actual de su implementación
El 5 de abril de 2018, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia protegió los derechos fundamentales de los 25 niñas, niños y jóvenes, entre ellos Juan Darío Medina Carreño, joven estudiante de la Universidad Surcolombiana y declaró a la Amazonía como sujeto de derechos.
Entre las órdenes de la sentencia están:
1) formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo que contrarreste la tasa de deforestación en la Amazonía y que haga frente a los efectos del cambio climático.
2) Construir un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano (PIVAC), con la participación de los accionantes, los entes gubernamentales y la población interesada, en el que se adopten medidas encaminadas a reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases efecto invernadero y que esté dirigido a la adaptación al cambio climático. La sentencia responde a su vez a las obligaciones adquiridas internacionalmente por el Estado Colombiano para reducir la deforestación y la emisión de esta clase de gases; por ejemplo, el Acuerdo Paris y el Compromiso Conjunto con Alemania, Reino Unido y Noruega (REDD+).
Actualmente, la implementación de la sentencia se ha visto limitada por la coyuntura política, representada en el cambio de Gobierno Nacional, y por una aplicación terciada de sus órdenes, lo cual ha generado disgusto en las poblaciones locales.
Frente a la primera circunstancia, en la pasada administración, el Ministerio de Ambiente celebró distintas reuniones en algunos Municipios de la Amazonía (Florencia, Mocoa, San José del Guaviare, entre otros) con el fin de dialogar públicamente sobre algunos puntos de la sentencia y las iniciativas adelantadas en el cuidado de los bosques.
Con el cambio de gobierno, esta posición, no obstante, limitada, se ha modificado, pues no se ha dado una respuesta integral a las órdenes de la Corte Suprema de Justicia, ni se han vuelto a celebrar reuniones públicas al respecto.
Frente a la segunda circunstancia, algunas entidades gubernamentales han tomado la sentencia como una excusa para perseguir campesinos que habitan ecosistemas estratégicos, omitiendo el hecho de que la destrucción de los bosques Amazónicos es una problemática estructural que requiere enfoque diferencial.
De este modo, la respuesta del Gobierno se ha traducido en cifras de campesinos apresados por la selva, sin analizar las circunstancias de modo, hecho y lugar que llevan a ciertos grupos poblacionales a usar los bosques de la Amazonía como fuente de recursos económicos.
El 5 de marzo de 2019, los accionantes de la tutela de cambio climático y generaciones futuras se unieron con expertos y organizaciones de la sociedad civil para pedirle al Congreso de la República modificar la meta de deforestación planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
La meta propuesta no busca reducir el número de hectáreas deforestadas sino mantenerlo constante durante los próximos cuatro años. Si se conserva el ritmo actual de deforestación, Colombia perdería más de 800.000 hectáreas de bosques durante este tiempo: aproximadamente seis veces el tamaño de Bogotá.
La meta actual del Plan Nacional de Desarrollo va en contra vía del Acuerdo de Paris, del compromiso de alcanzar una tasa de cero deforestación en la Amazonia colombiana a 2020 y de la sentencia de la Corte Suprema que declaró a la Amazonía sujeto de derechos.
Para que la sentencia de la Corte Suprema se cumpla se debe entonces considerar dos puntos en particular.:
Por un lado, la participación activa de todos los estamentos de la sociedad, especialmente de los niños, niñas y jóvenes quienes, como generación futura, sufrirán los efectos del cambio climático de no tomarse acciones a tiempo.
Por otro lado, analizar la destrucción de los bosques amazónicos de forma compleja e integral, sin obviar las causas estructurales detrás de esta situación y sin estigmatizar a las poblaciones campesinas como el motor de la deforestación.
Nada tenemos para celebrar hoy, día internacional de los bosques.
La deforestación en Colombia ha crecido enormemente después de la firma de los acuerdos de Paz y a nadie parece importarle.
El rumbo del Gobierno actual, ocupado con el tema de Venezuela, no le ha dado importancia a la sentencia de la Corte Suprema. No es un tema de valor. No le importa a Trumph, no da titulares.
Nos corresponde como Sociedad civil asumir el reto, por demás grandísimo, sin el compromiso del Gobierno Nacional restando apenas 20 años para que el ecosistema de la la Amazonía cambie por completo.
