A propósito del convenio que se acaba de suscribir entre el Gobierno Colombiano y la ONU por US $ 315.929.204 durante los próximos 4 años, para la reducción de cultivos ilícitos, estuve haciendo memoria sobre mi participación en el programa COL89/629 DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL PIDEMONTE DEL PUTUMAYO entre 1.992 y 1.994 en la coordinación del componente de ingeniería en los Municipios de Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asís y Puerto Caicedo, Departamento del Putumayo.

El desarrollo alternativo se había iniciado en Colombia en 1985 con proyectos de sustitución de cultivos en el sur del Cauca y ampliado a norte de Nariño en 1989.

En 1990, se iniciaron proyectos de desarrollo alternativo en Guaviare, Caquetá y Putumayo bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de drogas-UNDCP. Con el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) las experiencias iniciaron en 1992, impulsado por el Gobierno Nacional y el PNUFID y continuaron bajo la denominación de PLANTE en 1994, año en el cual mediante el CONPES 2734 se creó el Programa de Desarrollo Alternativo para combatir los cultivos ilícitos de pequeña escala y como complemento a la erradicación forzosa.

En ese entonces, la tendencia al hablar de sustitución de cultivos de coca, era buscar un cultivo que igualara o superara en términos de rentabilidad económica al de coca. Se hicieron grandes esfuerzos con cacao, caucho y caña panelera, pero sin resultados exitosos. Fue imposible encontrar un producto que reuniera las características de la coca, porque ningun cultivo legal superaba el precio del cultivo ilegal, además de que la coca produce cuatro cosechas al año, en comparación con el café que presenta dos cosechas por año.

Todo lo anterior, aunado al fácil transporte y comercialización (los compradores de coca les llegaban a las fincas y a los deficientes caminos que hacían imposible sacar a tiempo una carga de platano).

El componente de infraestructura era la respuesta rápida que buscaba ganar la confianza de los campesinos teniendo en cuenta los engaños que habían sufrido por parte de algunas instituciones del Estado y de políticos, quienes en años previos no habían cumplido sus promesas de obras y programas para períodos preelectorales.


Así se ejecutaron obras de infraestructura social, tales como casetas comunales, aulas y restaurantes escolares, puestos de salud, mejoramiento de vías, puentes colgantes, puentes en concreto, programas de saneamiento básico (Aljibes artesanales tecnificados, baterias sanitarias), adecuación de caminos, tiendas comunitarias con diseños adecuados al medio, y obras de infraestructura productiva como porquerizas, diques para piscicultura, hornos para produccion de panela, algunos centros de acopio de productos, las cuales tuvieron alto grado de aceptación en los municipios donde se concertaron.

Años después, hablando con algunos compañeros que participaron en el proyecto y con algunos líderes campesinos, entendimos porque no tuvo éxito en cuanto a la erradicación de cultivos ilícitos:

1. No se tenía una meta establecida de hectáreas a sustituir por año.

2. Se debería haber pagado un valor por hectárea sustituida mientras los cultivos alternativos se desarrollaban y empezaban a producir. No podían vivir de la nada.

3. No se pagaban jornales por el trabajo que implicaba sembrar caucho o cacao. Se asumía que debían aportar la mano de obra como contraprestación al beneficio que recibían. Así las cosas, unos días trabajaban sin pago en los cultivos alternativos y otros días los trabajaban en los cultivos de coca.

4. No se pagaban jornales por el trabajo que implicaba mejorar un camino o construir una escuela. Se asumía que debían aportar la mano de obra como contraprestación al beneficio que recibía. Así las cosas, unos días trabajaba sin pago en las obras civiles y otros días los trabajaban en los cultivos de coca.

¿Si no hacían así, entonces de que irían a vivir?

Ojalá esos errores no se repitan, porque sustituir 150.000 hectáreas que se estima que hay en este momento en Colombia (Nov 2.017) y que desaparezcan definitivamente (resiembra inferior al 2%), es una tarea colosal para ser ejecutada en 4 años y 315 millones de dólares es una cifra pequeña si se tiene en cuenta que la atención debe ser complementada con salud, educación, vías, agua potable, energía, y saneamiento básico entre otros servicios necesarios; que equivale a sacarlos del abandono histórico en que han vivido por años.

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